Tres niños desaparecidos de un albergue de Monterrey

(La gente de Milenio me publicó este reportaje que tenía algún tiempo pendiente por salir. Es relevante porque los tres pequeños aún no aparecen y diversas organizaciones como Alternativas Pacíficas y CADHAC han estado trabajando muy duro en el caso y exigiendo a las autoridades que las investigaciones den resultados concretos.)

***

La Iglesia Cristiana Restaurada, involucrada en el tráfico de menores a través de la organización Casitas del Sur, está también detrás de la desaparición de tres menores en un centro de integración familiar de Monterrey.


Por Gerardo Ortega.
http://www.msemanal.com/node/2864

Representantes del DIF Nuevo León acudieron el 18 de diciembre del 2008 al Centro de Adaptación e Integración familiar AC (CAIFAC), en San Nicolás de los Garza. Dos semanas antes, familiares de tres niños habían interpuesto una denuncia por maltrato contra personal del albergue. Esa fue la última vez que alguien supo de los hermanos Adriana Guadalupe y Julio César Castañeda Bernal, y su prima Diana Lizeth Bernal Hernández. Ni la Procuraduría del estado de Nuevo León, ni el DIF, ni la Secretaría de Salud, que regula el funcionamiento de los albergues infantiles, han sabido responder a la pregunta que se hacen familiares y asociaciones civiles: ¿En dónde están Adriana, Diana y Julio?

En agosto de 2008, una de las niñas internadas, Brenda Hernández, escapó de las instalaciones de CAIFAC ubicadas en Avenida Cinco, número 839, en la colonia Hacienda Los Morales, en San Nicolás, y contó a su mamá del maltrato del que era objeto. Brenda, entonces de 12 años, declaró que era obligada, bajo amenaza de golpes, a realizar labores de limpieza en el albergue. “La niña tenía quemaduras y me dijo que la torcían de los brazos, la castigaban subiendo y bajando escaleras, y como la ponían a cuidar a los más chiquitos y a lavarles su ropa, pues no le quedaba tiempo de desayunar”, refiere la madre de la menor.

María Inés Bernal Hernández, madre de Diana, otra de las menores desaparecidas, recuerda que, años atrás, Patricia Murguía Ibarra, la directora de CAIFAC, le dijo que le dejara a la niña para darle cuidados y educación. Murguía ofreció regresar a la menor en el momento en que su madre quisiera. “No me dio buena espina y hablaba algo sobre un grupo de cristianos y yo no le quise firmar ningún papel”, recuerda la madre; de todas maneras le entregó a su hija. Cuando se dieron a conocer los maltratos que se infligían en esa casa hogar, ella y otros familiares solicitaron la entrega de los menores. Patricia Murguía Ibarra se negó rotundamente.

“NOS TRAEN DE UNA CASA A OTRA”
El primero de diciembre de 2008 las madres de los niños interpusieron la denuncia AP2554/08 en la agencia del Ministerio Público No.7 especializada en Justicia Familiar, a partir de la cual se giró una orden de aprehensión en contra de Murguía Ibarra por el delito de secuestro. En su declaración ministerial, la delegada de la Procuraduría del Menor y la Familia, Beatriz Eugenia García González, señaló que el 18 de diciembre ella y un equipo de sicólogas se presentaron en uno de los albergues de CAIFAC para revisar el estado de los niños motivo de la denuncia. La delegada declaró que, luego de la renuencia de los encargados del centro infantil para permitirles la entrada, una de las sicólogas entrevistó a los menores bajo la condición de que no fuera en privado. Al despedirse de los niños proponiéndoles verlos al día siguiente, el menor Julio César Castañeda Bernal contestó: “Pero no sé si podamos ir, porque no sabemos si vamos a venir a esta casa o a otra, a veces no nos traen”.

En abril del 2009 la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) bajo la línea de trata de personas, y giró una orden de aprehensión contra Patricia Murguía Ibarra, directora de CAIFAC. Bajo este argumento la Procuraduría de Justicia de Nuevo León suspendió la búsqueda de los niños aduciendo que el caso fue atraído por la Siedo y, luego de recibir la denuncia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió la recomendación 60/09 en un documento de 151 páginas al que M Semanal tuvo acceso, y donde se asienta que Minerva Siller Hernández y Beatriz García González, delegadas de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, “violan el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como los derechos del niño, y se señala una prestación indebida del servicio público en perjuicio de Julio César Castañeda Bernal, Adriana Guadalupe Castañeda Bernal y Diana Lizeth Bernal Hernández”.


CASITAS DEL SUR
Fundada por el médico nuevoleonés Sergio Canavati Ayub, la Iglesia Cristiana Restaurada (ICR) ha estado detrás de la polémica organización Casitas del Sur en el DF y Cancún. En un video dado a conocer en internet (http://blip.tv/file/2434890/), Canavati Ayub, grabado con una cámara oculta, se dirige a un auditorio: “La gente seriamente comprometida, los que están dispuestos a luchar por el honor de Dios, por su pueblo, por su remanente, para que el movimiento que Dios ha levantado no muera como iba a morir Israel, para que el proyecto de las casas hogar no muera (…) donde Dios quiere defender la causa del pobre del afligido, del huérfano”. En ese imagende video Canavati Ayub intenta persuadir a sus seguidores de no devolver a los menores a sus padres, aun y cuando la autoridad lo pida, bajo el argumento de que los niños son abusados por sus progenitores: “Estos niños han sido objeto de prostitución, desde los seis años su padre los viola, pero ahora el departamento fulano de tal del gobierno equis o la asociación fulana nos los va a quitar para dárselos a sus padres”, dice. Canavati Ayub, junto a Jorge Erdely, es líder de la Iglesia Cristiana Restaurada también conocida como Los Perfectos. De acuerdo con información de la PGR, César Mascareñas de los Santos, capturado en Estados Unidos y deportado a México, colaboró en ocultar a menores de Casitas del Sur y en entregarlos a otros miembros de la Iglesia Cristiana Restaurada a fin de sacarlos del país.

Canavati Ayub es primo hermano del político Ricado Canavati Tafich, quien se ha deslindado del asunto, y tío de Elenitza Canavati, directora del DIF Nuevo León desde octubre pasado, quien no quiso ser entrevistada para este reportaje. Lo último que se supo de él fue que el 22 de abril de este año publicó una carta dirigida al presidente Felipe Calderón donde se queja del “linchamiento moral por sectores del clero católico y personas del gobierno de México”, así como de ser “víctima de una cobarde campaña de descrédito”.

NULOS RESULTADOS
A partir de la desaparición de los tres niños en diciembre del 2008, tanto familiares como organizaciones ciudadanas han pedido que las autoridades estatales o federales presenten con vida a los niños. También demandan que se garanticen la seguridad y bienestar de los infantes bajo el resguardo de los albergues. El ordenamiento no es nuevo: fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 1999 y su vigilancia corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos estatales en el ámbito que les corresponda, es decir, a las secretarías de Salud estatales.

El entonces director de Regulación Sanitaria reconoció que desde hace siete años encontraron en los albergues citados irregularidades y emitieron recomendaciones: “(Hay) falta de atención médica, la falta de evaluación al momento del ingreso de los menores, la falta de seguimiento y la falta de personal de enfermería”. Desde 2005 la Secretaría de Salud emitió una suspensión de actividades en contra de CAIFAC, que no se llevó a cabo cuando el albergue prometió corregir su modo de operar. Dos años después, en 2007, debido a que no se acataron las recomendaciones, la dependencia mandó llamar a Patricia Murguía Ibarra para que explicara la situación. Ella no se presentó.

El tres de febrero de este año, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos y Alternativas Pacíficas, junto a las madres de los menores desaparecidos, se reunieron con el secretario General de Gobierno estatal, Javier Treviño Cantú, para pedirle que ofrezca una recompensa a quien dé informes sobre los niños. “No estamos enterados, pero vamos a revisar el caso”, les dijo Treviño Cantú. El 11 de abril, 16 meses después de la desaparición de los menores, el gobierno del Estado ofreció 120 mil pesos de recompensa por información sobre el paradero de Murguía Ibarra.

La Siedo continúa buscándola a ella y a Sergio Canavati Ayub y, a un año nueve meses de su desaparición, tampoco se sabe aún dónde están los infantes Adriana, Diana y Julio César.